SIETE INTERROGANTES SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
El candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, y el socialista, Juan Fernando López Aguilar.- EFE / PEDRO PERIS
La política doméstica está monopolizando la campaña, pero lo que se juegan los ciudadanos en estas elecciones es el camino que seguirá Europa en los próximos años. EL PAÍS envió por correo electrónico a los seis principales cabezas de lista un cuestionario sobre algunos de los asuntos que están sobre la mesa en España y en la Unión, dos ámbitos que a menudo se entremezclan. Sus respuestas marcan diferencias pero también alumbran coincidencias.
EL PAÍS - Madrid - 30/05/2009
25 votos
Preguntas para los candidatos - ¿Hay que construir más centrales nucleares o cerrar las que finalicen su periodo de vida útil? - ¿Europa debe prohibir por ley la regularización masiva de inmigrantes? ¿Hay que ampliar o reducir el plazo de retención de inmigrantes antes de la expulsión, que se ha fijado ahora en 18 meses? - ¿En cuántas horas pondría el máximo de la jornada laboral? - ¿El cambio climático es un problema en España y en Europa? ¿Cómo combatirlo? - ¿Es partidario de la jurisdicción universal sin límites? Y, si hay que poner límites, ¿cuáles serían? - ¿Aceptaría a presos de Guantánamo en España? ¿Qué le parece esa prisión? - En la lucha contra el terrorismo, ¿hay que descartar por ley cualquier negociación para alcanzar la paz?
Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Jaime Mayor Oreja (PP), Willy Meyer (IU-ICV), Ramón Tremosa (Coalición por Europa, donde están CiU, PNV y Coalición Canaria), Oriol Junqueras (Europa de los Pueblos, que agrupa a ERC, BNG, Aralar y EA) y Francisco Sosa Wagner (UPyD). Ellos son los seis candidatos cuyas respuestas a un cuestionario común ha confrontado EL PAÍS. Y éstos son sus compromisos.
ENERGÍA NUCLEAR Un debate por abrir
López Aguilar (PSOE). España debe apostar muy fuerte por las energías renovables, para conseguir que en 2050 constituyan prácticamente la totalidad de la oferta energética. La inversión en energía nuclear no sólo supone un obstáculo al desarrollo de las energías renovables; construir más centrales nucleares es además un esfuerzo de largo plazo y extraordinariamente caro, tiene problemas de seguridad y produce residuos radioactivos que no se sabe dónde almacenar. Si cambia la tecnología y se consigue que la construcción de las centrales no sea tan cara, que se garantice la seguridad y que los residuos se reutilicen o puedan ser almacenados sin peligro, abordaremos el debate, pero no es ésa la situación actual.
Mayor Oreja (PP). Hay que abrir un debate en España, serio y sin prejuicios. Hay que poner en una balanza todos los elementos: el objetivo de reducir las emisiones de CO2
y promover las energías renovables, la necesidad de mantener los empleos que dependen de las centrales nucleares, el problema del almacenamiento de los residuos, la necesidad de garantizar el suministro energético a precios asequibles...
Meyer (IU-ICV). Nos oponemos a la energía nuclear, tanto por sus riesgos y residuos como por su coste. La UE debe establecer una moratoria y el cierre de las centrales. La solución pasa por un nuevo modelo productivo, energético y de consumo, eficiente, con empleo de calidad y ecológicamente sostenible. Una política energética común bajo control público de una Agencia Europea de la Energía, que no considere la energía como mercancía sino como un bien público.
Tremosa (CPE). Toda Europa está concluyendo el debate sobre su suficiencia energética menos España, el país más dependiente energéticamente (80%). Hay que impulsar las energías renovables pero son insuficientes y muy caras. Ante la escasez futura del petróleo, Europa está construyendo una nueva generación de centrales nucleares más seguras y con posibilidad de reciclar los residuos. Hay que abrirse al diálogo y eliminar barreras ideológicas.
Junqueras (EDP). Estamos a favor de la comunidad de las energías renovables que alguna vez se ha propuesto desde la UE. Defendemos la creación de una agencia europea que invierta en desarrollo de las energías renovables para evitar la dependencia energética. No se tienen que construir más centrales nucleares: se deben ir cerrando las que existen; pero no nos opondremos a la investigación en cualquier caso.
Sosa Wagner (UPyD). Hablar del futuro energético es algo más que hablar de las centrales nucleares. Si el debate en el comienzo de la construcción de Europa fue el agrícola, hoy es claramente el energético. Todas las fuentes de energía deben ser valoradas sabiendo que la dependencia de los combustibles fósiles es muy peligrosa y contaminante. Respecto a la energía nuclear, nuestra opinión es que hay que abrir el debate. No descartamos su uso para fines pacíficos.
INMIGRACIÓN Orden y derechos
López Aguilar (PSOE). Quien piense que el fenómeno de la inmigración se va a detener por el ensalmo de una prohibición en una ley tiene desenfocada la cuestión. La inmigración irregular se combate ordenando los flujos, luchando contra las mafias, mejorando los mecanismos de repatriación, pero sobre todo contribuyendo al desarrollo de los países de origen. En cuanto al plazo de retención, si se amplía deberá ser siempre respetando escrupulosamente los límites establecidos por la Constitución.
Mayor Oreja (PP). Las directivas europeas ya se pronuncian en contra de las regularizaciones masivas porque afectan a todos los países de la UE (somos un espacio sin fronteras). La legislación española debe adaptar la Directiva de Retorno de inmigrantes ilegales que ha aprobado la UE. Lo mejor es unificar los criterios de la Unión.
Meyer (IU-ICV). La Directiva de Retorno (directiva de la vergüenza) votada por PP y PSOE supone un retroceso en materia de derechos humanos al establecer la deportación incluso de menores, y la detención casi automática, de duración excesiva (18 meses), bajo justificación administrativa, lo que la convierte en una detención arbitraria. Con esta directiva se pone fin a la Europa garantista. IU se opone al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería del Gobierno, que es la plasmación de la directiva de la vergüenza porque aumenta la retención hasta 60 días en unos centros de internamiento con condiciones deplorables y endurece las condiciones para la reagrupación familiar.
Tremosa (CPE). Me sorprende la frivolidad extrema de la izquierda catalana y española cuando en toda Europa son los partidos de izquierdas los más estrictos en el control de los flujos de inmigración. Una entrada masiva de inmigrantes perjudica especialmente a las clases más populares de los países de acogida, por eso desde toda Europa se pide que la T-4 del aeropuerto de Barajas deje de ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal.
Junqueras (EDP). La inmigración no se debe afrontar sólo desde el punto de vista legal, centrado en las expulsiones, el retorno voluntario y la inmigración circular. Debe ser un proceso de creación de ciudadanía. ERC cree que se tienen que promover políticas para garantizar una UE basada en la igualdad de oportunidades. Es preciso un plan de acogida de la población inmigrada.
Sosa Wagner (UPyD). Estamos por la regulación de la política de inmigración en el nivel europeo, adjudicando a una agencia u otro órgano de la Unión la responsabilidad de este asunto, siempre en el marco del respeto a los derechos de los inmigrantes y con la mira puesta en su integración real y cultural en la sociedad que les acoge.
JORNADA LABORAL La directiva sin 'padres'
López Aguilar (PSOE). El que tenemos en nuestro Estatuto de los Trabajadores: 40 horas. La intentona de la derecha europea de extender la jornada laboral a 65 horas es un retroceso descomunal en derechos de los trabajadores que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.
Mayor Oreja (PP). La que marca el derecho laboral español, ni una hora más ni una menos. Por eso votamos en contra de la directiva sobre tiempo de trabajo, en la que el laborista británico Gordon Brown consiguió convencer a los Gobiernos de la Unión Europea para que se ampliara la jornada laboral semanal hasta 65 horas.
Meyer (IU). Estamos por la jornada de 35 horas semanales en todo el ámbito europeo. Aceptamos hasta cinco horas extraordinarias: por tanto, una jornada máxima de 40 horas semanales. Todas las normas europeas y estatales sobre la jornada laboral deben adecuarse a este principio. Defendemos, además, las regulaciones estatales que mejoran esa jornada laboral.
Tremosa (CPE). Hay que dejar libertad a los agentes económicos y sociales, dentro de un marco regulado por el sector público, para que según sean los trabajos y los sectores se pueda llegar a soluciones flexibles. Hay que reformar el mercado laboral para evitar la doble velocidad entre trabajadores jóvenes con contratos temporales (que ahora son despedidos masivamente aunque trabajen bien) y trabajadores mayores con contrato indefinido.
Junqueras (EDP). Estamos en contra de la liberalización de la jornada laboral de la manera planteada por la directiva de las 65 horas. Los derechos laborales han sido objeto de negociación colectiva y es fundamental que así sea. Y en ningún caso debe superar las 37,5 horas. Sí estamos a favor que se limite los mecanismos que permiten el dumping social, homologando las condiciones en términos de derechos de trabajadores.
Sosa Wagner (UPyD). El marco actual es válido, pero también es preciso atender al tipo de trabajo que se trate. Un asunto, por ejemplo, del que nadie parece ocuparse es la situación en que se encuentran los médicos españoles que enlazan guardias con jornadas de trabajo. Con este abuso, como con otros que se dan, hay que acabar.
CAMBIO CLIMÁTICO Buenas intenciones
López Aguilar (PSOE). Desde luego, la respuesta no es negarlo, como ha hecho algún dirigente de la derecha. Estamos ante un desafío en el que nos jugamos nada menos que el futuro. Europa y España deben apostar por las energías renovables y el transporte limpio. El futuro de Europa está en la economía verde.
Mayor Oreja (PP). Hay que plantear políticas que reduzcan las emisiones de CO2 sin dogmatismos, que no supongan el hundimiento o la deslocalización de la industria europea y que garanticen la seguridad del abastecimiento energético. Los acuerdos alcanzados en diciembre en la UE van en la buena dirección. Ahora falta que el resto de socios internacionales, especialmente los países más contaminantes como EE UU, China, India o Rusia se sumen a ese acuerdo.
Meyer (IU-ICV). Estamos a favor del desarrollo inmediato y consistente de un nuevo Tratado internacional, un Kyoto 2. Exigimos el total cumplimiento de todos los compromisos firmados y aceptados por la UE: la reducción de las emisiones globales un 30% para 2020 y al menos un 80% para 2050, el aumento del uso de energías renovables al menos un 25% para 2020, y la reducción del consumo de energía primaria un 25% para 2020 y aumentar la eficiencia energética en un 2% por año, incluyendo una limitación del consumo per cápita.
Tremosa (CPE). El ciclo climático ha existido siempre en la tierra pero hay que evitar que la acción del hombre acelere los ciclos cálidos naturales de clima. El problema es global y las soluciones tienen que ser locales pero también globales.
Junqueras (EDP). El cambio climático es un reto global. Es preciso que la UE recupere el liderazgo mundial en las cuestiones ambientales, en todo aquello referente al cambio climático. Apoyamos los objetivos de cara a 2020 de ahorro energético, reducción de emisiones contaminantes y uso de energías renovables.
Sosa Wagner (UPyD). Se trata de un problema serio, sobre todo en España, cuyo Gobierno no se ocupa de cumplir los acuerdos de Kyoto. Todas las Administraciones, incluida la local, deben implicarse evitando derroches. Hay que ser conscientes de que esto significa cambiar hábitos de los ciudadanos, ahuyentar rutinas en la planificación urbanística, olvidarse de despilfarros y, sobre todo, apostar por el transporte público. Un no rotundo a la invasión del coche en las ciudades.
JUSTICIA INTERNACIONAL Los límites de la ley
López Aguilar (PSOE). La jurisdicción universal de la justicia española ha tenido efectos positivos sobre la imagen de España, defensora de los derechos humanos a nivel internacional. No creo que haya que revisar su existencia en delitos de extrema gravedad, pero sí creo, como promueve el Gobierno, que hay que acotar dicha jurisdicción a los supuestos donde existe un nexo de conexión con España o con ciudadanos españoles, y apostar por la Corte Penal Internacional para el resto de los supuestos.
Mayor Oreja (PP). Como principio, no soy partidario de que tribunales nacionales inicien procesos basados en el principio de la jurisdicción universal. Lo que se debe es potenciar los órganos judiciales supranacionales, como el Tribunal Penal Internacional. El PP ha votado a favor de una resolución en este sentido en el Congreso: acotar esa jurisdicción únicamente a los casos en los que haya conexión con los tribunales españoles.
Meyer (IU-ICV). No es posible limitar la jurisdicción universal sin incumplir los tratados internacionales para la persecución de crímenes contra la humanidad firmados por España, que obligan a nuestras instituciones a perseguir esos crímenes. La Corte Penal Internacional apenas ha abierto causas, pues se encuentra secuestrada por el bloqueo de las grandes potencias a la hora de perseguir a ciudadanos de Estados poderosos. La limitación de la jurisdicción universal responde a las presiones de EE UU e Israel.
Tremosa (CPE). Sí, soy partidario. Es impresentable que un juez español pueda encausar a un dictador chileno y que los jueces extranjeros no puedan encausar dictadores o altos cargos de la dictadura franquista en España.
Junqueras (EDP). Estamos a favor de perseguir más allá de las fronteras estatales delitos contra la humanidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos... entre otros. Es por ello que estamos en favor de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
Sosa Wagner (UPyD). Somos partidarios de la jurisdicción universal, siempre que no se atribuya a los jueces de la Audiencia Nacional. Para eso están los tribunales internacionales previstos o que se puedan prever en el Derecho internacional.
PRESOS DE GUANTÁNAMO Un problema de EE UU
López Aguilar (PSOE). La prisión de Guantánamo se ha constituido en el símbolo de una política que ha hecho añicos la identificación de EE UU con el respeto a los derechos humanos, algo de lo que es consciente la Administración de Barack Obama y que está tratando de reparar. Si España recibe alguna petición de EE UU para hacer frente al problema que se crea con su desmantelamiento, mostrará disposición a colaborar, siempre salvaguardando nuestro ordenamiento jurídico, el interés de nuestro país y nuestra seguridad.
Mayor Oreja (PP). En el Parlamento Europeo hemos aprobado resoluciones a favor del cierre de Guantánamo. Pero su existencia es un problema de Estados Unidos que debe resolver Estados Unidos. No estoy en contra de ayudar a ese país a resolver el problema pero tiene que ser en condiciones muy claras. No creo que algún país europeo deba aceptar a los presos de Guantánamo sin tener claro cuál es el estatuto jurídico de cada uno.
Meyer (IU-ICV). Aceptar presos de Guantánamo en España sería como legitimar la operación de los vuelos de la CIA, es decir, la vieja política de Bush -de la cual fueron cómplices muchos Gobiernos europeos- de responder al crimen con más crimen, a la tortura con tortura. Respecto a los presos que allí se encuentran, debe probarse su culpabilidad, pero si no existen pruebas deben ser puestos en libertad. IU siempre ha pedido el cierre de la prisión ilegal de Guantánamo por considerarla una de las mayores vergüenzas internacionales y un limbo jurídico.
Tremosa (CPE). La presunción de inocencia debe respetarse tanto como sea posible. Nunca me gustó Guantánamo y no me gustaría que el Estado español acogiera una prisión similar.
Junqueras (EDP). Sólo se pueden aceptar cárceles que respeten los derechos humanos. Las cárceles también tienen que respetar los principios penitenciarios y judiciales básicos.
Sosa Wagner (UPyD). Sí, si se produjera en el marco de acuerdos que implicaran a la UE y a todos los Estados europeos. La prisión de Guantánamo nos parece abominable, exactamente igual que todas aquellas en las que no se respetan las exigencias del Estado de derecho y que existen en países como Rusia, China o la prisión americana de Bagram en Afganistán de la que, por cierto, nadie habla.
POLÍTICA ANTITERRORISTA No más negociaciones
López Aguilar (PSOE). ETA ha tenido varias oportunidades para dejar de existir a través del diálogo y las ha desperdiciado todas. Por tanto, el mensaje ahora es claro: no habrá negociación con ETA. Que eso se plasme en una ley o no es secundario.
Mayor Oreja (PP). En la lucha contra el terrorismo sólo debe contar un principio: combatir a los asesinos con las normas de que dispone el Estado de derecho. Siempre he sido contrario a la negociación con los terroristas. Ese principio debe ser indubitado, más allá de debatir si se plasma en un texto legal o no.
Meyer (IU-ICV). Nos posicionamos claramente contra el terrorismo y a favor del uso de los instrumentos del Estado de derecho para combatirlo. Sin embargo, la llamada "lucha contra el terrorismo internacional" utiliza el término terrorismo para ocultar las causas sociales y políticas de los conflictos internacionales, lo que nos ha llevado a un mayor grado de inseguridad global y ha sido utilizado para limitar los derechos y las libertades de la ciudadanía. La seguridad internacional no es un problema militar, sino un problema de desarrollo, por lo que debe basarse en principios de paz, de cooperación, en la búsqueda de la solución política y civil de los conflictos a través de los organismos y de la legislación internacional.
Tremosa (CPE). No, pero cada caso es cada caso. No hay que tener apriorismos prefijados para intentar acabar con la violencia siempre que se pueda a partir del diálogo.
Junqueras (EDP). Si existe terrorismo es por algún conflicto político, social, económico... Se tiene que intentar resolver los conflictos mediante salidas dialogadas y pacíficas. Hay que hablar, hay que dialogar, siempre. Nunca el diálogo ni la negociación deben ser prohibidos por ley.
Sosa Wagner (UPyD). A los terroristas hay que vencerles.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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